El objetivo de la introducción de las comunicaciones electrónicas obligatorias es aumentar la eficacia del intercambio de correspondencia entre los empresarios y la administración pública y simplificar los procesos de comunicación legal y judicial.

El uso de la entrega electrónica permite la transmisión instantánea de documentos, elimina la documentación en papel, reduce los costes asociados a la correspondencia tradicional y aumenta la seguridad de los datos mediante el uso de métodos avanzados de encriptación. Además, identifica al remitente y al destinatario y asegura pruebas irrefutables del envío, la entrega y la aceptación/rechazo de la correspondencia.

Las organizaciones y la profesión fiduciaria pública deberían iniciar el proceso de implantación de buzones electrónicos lo antes posible para evitar el último minuto y las posibles dificultades del cambio a un sistema de entrega electrónica.

Merece la pena aprovechar los programas de formación disponibles y el apoyo técnico ofrecido por los proveedores de e-Grant para facilitar el proceso de adaptación y uso del nuevo sistema en todo su potencial.

El incumplimiento de la nueva normativa puede acarrear no sólo dificultades de comunicación con las instituciones públicas, sino también consecuencias jurídicas por incumplimiento de la legislación aplicable.