El Sistema de Comunicación Electrónica es una solución de vanguardia para la transmisión electrónica de documentos oficiales y comerciales de forma segura y legal. Es una respuesta a la necesidad de digitalización y mejora de la comunicación entre ciudadanos, empresas y administración pública. Sin embargo, una de las cuestiones clave que se plantean es: ¿quién asume los costes del envío de documentos por vía electrónica?
El coste de la utilización del sistema de comunicación electrónica depende del remitente y del tipo de correspondencia. Estas son las reglas básicas:
En el caso de las autoridades e instituciones públicas como la ZUS, los EE.UU. o los tribunales, los gastos de envío de documentos por entrega electrónica corren a cargo del remitente, es decir, de la institución interesada. Los ciudadanos y las empresas no pagan ninguna tasa por recibir documentos de la administración pública.
El envío de correspondencia a autoridades e instituciones públicas a través del sistema de entrega electrónica es gratuito. Sin embargo, se cobran tasas en caso de envío a otras entidades y particulares. El importe de las tasas depende del operador seleccionado y del número de documentos enviados. El proveedor del servicio establece una lista de precios detallada.
Para los ciudadanos, el uso de los documentos electrónicos en sus relaciones con la administración pública es gratuito. En cambio, si un particular desea enviar documentos a otras entidades, incurrirá en costes según la lista de precios del proveedor del servicio.
Las tarifas por utilizar el sistema e-Delivery son similares al coste de envío de una carta certificada a través del servicio postal tradicional. Los precios pueden variar en función de:
La lista de precios de los servicios la publica el operador del sistema y puede cambiar en función de la normativa y la política de precios.
Ejemplo de comparación:
El uso de la entrega electrónica es una alternativa conveniente a la correspondencia tradicional en papel, especialmente cuando se trata de administraciones públicas. En el caso de las administraciones públicas, los gastos de envío corren a cargo del remitente, es decir, de la institución interesada. Las empresas y los particulares que envían documentos deben asumir los costes de acuerdo con las tarifas del operador del sistema. En cambio, el envío de documentos por un ciudadano a una administración pública es totalmente gratuito. Antes de decidirse a utilizar este servicio, conviene comprobar la lista de precios y las condiciones de servicio vigentes del proveedor elegido.
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Para utilizar el buzón de entrega electrónica, es necesario confirmar su identidad. Si ya dispone de una verificación emitida por Certum.pl (por ejemplo, SimplySign o CertumMini), no es necesario que vuelva a realizar este proceso.
Servicios de confianza digital: los servicios basados en eIDAS requieren verificación y prueba de identidad, lo que garantiza la plena seguridad y conformidad legal de su correspondencia.
